Una fuga de gas ocurrida en el colegio privado Fundación ISI College de Neuquén capital encendió la alarma entre la comunidad educativa, luego de que un alumno resultara intoxicado y varios estudiantes presentaran síntomas leves como mareos y vómitos. El incidente, que se originó el lunes 27 de abril tras detectarse olor a gas en un aula, motivó el traslado de alumnos y docentes a otro sector del edificio y la posterior intervención de la empresa distribuidora, que cortó el suministro por precaución.

Según relataron padres de alumnos, la situación no fue informada de inmediato por la institución, lo que generó incertidumbre y preocupación. "Hay un nene que se intoxicó con monóxido de carbono y hay un certificado médico que lo confirma", declaró una madre, quien además señaló que otros estudiantes también presentaron síntomas compatibles con exposición al gas. Ante la falta de información, muchas familias optaron por retirar a sus hijos del establecimiento.

El reclamo fue formalizado ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), donde se denunció la falta de mantenimiento y las malas condiciones edilicias. Desde el CPE, se aclaró que el control y mantenimiento de la infraestructura corresponde al propietario del colegio, ya que no se trata de una institución de gestión estatal. No obstante, el organismo aseguró que continuará monitoreando la situación y acompañando a la comunidad educativa.

Por su parte, las autoridades del ISI College difundieron un comunicado en el que afirmaron haber actuado con rapidez y aseguraron que el sistema de calefacción había sido revisado previamente por un gasista matriculado. Tras el incidente, la escuela decidió reemplazar los artefactos a gas por equipos eléctricos frío/calor y anunció que las clases se reanudarán el 4 de mayo, aunque sin uso de gas hasta completar las adecuaciones necesarias.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad y el mantenimiento en establecimientos educativos privados de la provincia, donde las familias reclaman mayor transparencia y soluciones definitivas para evitar futuros incidentes. El caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la comunicación institucional para garantizar la integridad de los estudiantes.