La Justicia de Chubut investiga una denuncia por presunto ofrecimiento de dinero a un dirigente sindical para impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia. El caso involucra a Gonzalo Carpintero, exfuncionario provincial vinculado al peronismo local, y a empresarios del sector pesquero. La investigación, a cargo de la fiscal Julieta Gamarra, se encuentra en una etapa inicial y ha motivado allanamientos en domicilios particulares y oficinas, donde se secuestraron teléfonos celulares y registros de cámaras de seguridad.

La denuncia fue presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew. Según su testimonio, recibió un llamado del empresario Ricardo Traversini, quien le indicó que su jefe, Carpintero, quería reunirse con él. En el encuentro, realizado en una oficina de Trelew, Severiche declaró que le ofrecieron una retribución económica y futuras paritarias a cambio de generar un conflicto gremial que impidiera el inicio de clases en las escuelas de la provincia.

"Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia", afirmó Severiche ante el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Gamarra dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. El operativo fue autorizado por la jueza Mirta Moreno, quien aclaró que el empresario Raúl Cereseto no está vinculado a la causa.

Carpintero, quien ocupó cargos como director general de Niñez, Adolescencia y Familia, subsecretario de Desarrollo Social y ministro de Familia, fue condenado en 2021 por enriquecimiento ilícito en las causas "Embrujo" y "Revelación". El trasfondo del conflicto, según fuentes del gobierno provincial, estaría vinculado a intereses económicos: evitar el pago de impuestos adeudados, frenar el aumento del canon pesquero y bloquear el eventual envío de un proyecto de "Ley de Ficha Limpia para la Pesca".

El ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó que el Gobierno provincial se presentará como querellante en la causa. La fiscal Gamarra enfatizó que la situación de Carpintero es de imputado y que la calificación legal es provisoria, sujeta a revisión a medida que se incorporen nuevas pruebas. La investigación continúa abierta y podría tener implicancias políticas y judiciales de alto impacto en la provincia.