La provincia de Santa Fe avanzó significativamente en el proceso de reforma constitucional, tras el cierre de dictámenes en la Convención Constituyente. El debate se centró en la reestructuración del Poder Judicial y la incorporación de nuevos derechos sociales y ambientales, en un contexto de intensas negociaciones entre los distintos bloques políticos.

El dictamen de mayoría, impulsado por Unidos para Cambiar Santa Fe y sus aliados, establece modificaciones en la composición y facultades de la Corte Suprema de Justicia, que pasará a estar integrada por siete ministros, con criterios de paridad de género y representación territorial. Los jueces, fiscales y defensores tendrán mandatos limitados hasta los 75 años, sin posibilidad de prórroga, y estarán sujetos a mecanismos específicos de enjuiciamiento y remoción, con la creación de tribunales ad hoc que incluyen mayoría política y representantes judiciales.

Uno de los puntos más debatidos fue la institucionalización del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como órgano extrapoder, independiente del Poder Judicial, y la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo. El MPA y la Defensa tendrán mandatos no coincidentes con el del gobernador, buscando mayor autonomía. La selección de magistrados se realizará mediante concursos públicos organizados por un Consejo Asesor de Selección, bajo la órbita del Ejecutivo, lo que generó críticas de la oposición por la discrecionalidad en la designación final.

La reforma también incorpora nuevos derechos con rango constitucional, como el derecho a un ambiente sano, acceso al agua, derechos digitales, protección de datos, y derechos de consumidores y usuarios. Estos avances fueron celebrados por la mayoría de los bloques, aunque La Libertad Avanza y otros sectores presentaron dictámenes de minoría y expresaron reservas sobre la efectividad de las medidas y la concentración de poder en el Ejecutivo.

El proceso de consenso fue complejo y expuso diferencias internas en algunos bloques, como Somos Vida y Libertad, donde se evidenciaron posturas divergentes respecto a la firma de los dictámenes. A pesar de las tensiones, el oficialismo logró consolidar acuerdos que permitirán la sanción de las leyes necesarias para implementar la reforma en los próximos dos años.

Las reacciones de los actores involucrados fueron variadas. "Es positivo, va a mejorar todo. Es un sistema novedoso, más moderno, con más controles, autonomías", opinó Lucas Incicco (PRO). Por su parte, un magistrado expresó: "Podría haber sido peor, pero definitivamente no es bueno", en referencia a los cambios en la selección de jueces. La oposición, en tanto, advirtió sobre los riesgos de concentración de poder y la falta de independencia judicial.

La reforma constitucional de Santa Fe marca un hito en la modernización institucional y la ampliación de derechos, aunque su implementación práctica dependerá de la sanción de leyes complementarias y del equilibrio entre los poderes provinciales.