El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, avanza con un ambicioso plan de desregulación y reducción del Estado, conocido como el "plan motosierra". En los últimos 14 meses, más de 42.000 empleados públicos han sido despedidos, lo que representa un ahorro estimado de USD 1.650 millones anuales, según datos oficiales. Estas medidas incluyen la eliminación de 24 organismos, la fusión de 15 y la transformación de 16 dependencias, afectando áreas clave como Cultura, Economía y Salud.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha señalado que estas acciones buscan modernizar el Estado y reducir la burocracia. Sin embargo, las medidas han generado críticas por parte de expertos y sindicatos, quienes advierten sobre la pérdida de capacidades técnicas y el impacto en el empleo. Ana Castellani, socióloga y especialista en administración pública, calificó la situación como "alarmante", destacando la parálisis administrativa y el desmantelamiento de equipos técnicos.

En el sector marítimo, un decreto permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad de la Marina Mercante argentina. Esta medida, coordinada por la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, busca dinamizar el comercio marítimo, aunque se estima que podría generar la pérdida de al menos 3.000 empleos.

El gobierno también planea derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas y priorizar iniciativas legislativas como la reforma penal juvenil. Estas acciones se enmarcan en un contexto de campaña electoral, donde el oficialismo busca consolidar su agenda política.

A pesar de los avances, las medidas enfrentan desafíos legales y políticos. Desde el oficialismo se argumenta que la desregulación es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal, mientras que sectores críticos cuestionan la falta de planificación y el impacto social de estas políticas. En este contexto, el "plan motosierra" se perfila como uno de los ejes centrales del debate político en Argentina.