El Gobierno nacional avanza con una reforma electoral que busca modificar el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consolidar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones presidenciales de 2027. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por sectores del oficialismo, será debatida en el Congreso durante 2026, un año sin elecciones nacionales, con el objetivo de evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

Entre los principales puntos de la reforma se encuentra la posible eliminación o modificación de las PASO, un mecanismo que ha sido objeto de debate desde su implementación. Mientras algunos funcionarios y legisladores oficialistas sostienen que la BUP representa un avance en transparencia y simplificación del proceso electoral, sectores de la oposición advierten sobre el aumento de votos en blanco y nulos, así como el riesgo de fragmentación política y mayores costos operativos.

La experiencia de las elecciones legislativas de 2025, donde se utilizó la BUP, ha sido citada tanto para destacar logros como para señalar desafíos. "La sociedad legitimó la boleta única papel en 2025. Cuando vieron que no se hacía campaña repartiendo comida y boletas, la eligieron", afirmó la legisladora Silvia Lospennato. Por su parte, el diputado Sebastián Galmarini cuestionó: "Resolvimos un problema que no teníamos", y advirtió sobre el desconocimiento del electorado y el aumento del ausentismo.

En el plano provincial, intendentes y funcionarios radicales han manifestado su apoyo a la continuidad de las PASO, aunque abiertos a discutir su obligatoriedad. "Las PASO tiene que existir, es algo que nosotros hemos trabajado, creo que da la claridad que necesitamos dentro de lo político", sostuvo el intendente de Junín, Mario Abed. Sin embargo, otros actores consideran que la reforma debe contemplar el impacto en la representación política y la fragmentación del sistema de partidos.

El debate sobre la reforma electoral se da en un contexto de desconfianza institucional y fragmentación partidaria, donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales. Aunque la discusión está lejos de cerrarse, el tratamiento legislativo de la reforma marcará el rumbo del sistema electoral argentino en los próximos años.