El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha presentado una ambiciosa reforma laboral que busca transformar el sistema de indemnizaciones por despido, reemplazándolo por un fondo de cese laboral. Esta iniciativa, incluida en la Ley Bases aprobada en julio de 2024, introduce mecanismos como el "banco de horas" y la posibilidad de celebrar contratos en cualquier moneda, con el objetivo de flexibilizar las relaciones laborales y limitar la llamada "industria del juicio".

Según lo anunciado por el presidente Milei y su equipo, el nuevo fondo de cese laboral será inembargable y se transferirá directamente al trabajador al finalizar la relación laboral. El monto acumulado dependerá del salario, la antigüedad y las inversiones realizadas durante el período de empleo. Por ejemplo, un trabajador con dos años de antigüedad podría recibir más de dos millones de pesos al ser despedido, además de los retornos generados por las inversiones del fondo.

El gobierno sostiene que estas reformas darán mayor previsibilidad a las empresas y fomentarán la contratación formal, argumentando que la incertidumbre jurídica y los costos asociados a los juicios laborales han impulsado la informalidad. Para implementar el nuevo esquema, la administración ha convocado a gremios y empresas a discutir la reglamentación en los convenios colectivos, buscando consenso y respaldo político. El PRO y otros sectores han manifestado su apoyo, mientras que la Comisión Nacional de Valores ha establecido el marco regulatorio necesario.

Sin embargo, la reforma ha generado fuertes críticas desde sectores gremiales y de la izquierda. El abogado laboralista Gustavo Ciampa advierte que la flexibilización no genera empleo registrado, sino que lo destruye y aumenta la precarización. Además, denuncia la estigmatización de abogados y gremios como "enemigos" de la productividad y cuestiona la narrativa oficial sobre la "industria del juicio". Desde el sindicalismo peronista, se señala una tendencia a priorizar la gobernabilidad sobre las reivindicaciones obreras, mientras que agrupaciones de izquierda llaman a la movilización y la huelga general contra el ajuste y la pérdida de derechos.

El debate sobre la reforma laboral se inscribe en un contexto de profundas transformaciones económicas y sociales, con un paquete de reformas estructurales que incluye cambios tributarios y previsionales. El futuro del trabajo y la protección social en Argentina está en el centro de la discusión, con posiciones encontradas entre el gobierno, los sectores empresariales, los gremios y la oposición política.