El despido de Víctor Díaz, un peón rural de origen paraguayo que trabajó durante 11 años en un campo de San Vicente, provincia de Buenos Aires, generó una ola de solidaridad y visibilizó las condiciones laborales en el sector rural argentino. La situación cobró notoriedad nacional luego de que Díaz compartiera en redes sociales un video en el que, visiblemente afectado, se despedía de su perro y del lugar donde residía y trabajaba.

La viralización del video, que superó el millón de reproducciones, motivó la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Una inspección oficial constató graves irregularidades en el establecimiento: cables eléctricos expuestos, ausencia de elementos de protección personal y condiciones higiénicas deficientes tanto en el puesto de trabajo como en la vivienda. "La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades", informaron desde la cartera laboral.

El empleador fue intimado a regularizar la relación laboral y a adecuar las condiciones de salud y seguridad. Según trascendió, la decisión de despedir a Díaz podría estar vinculada a la difusión en redes sociales de aspectos de la vida y el trabajo en el campo, lo que habría generado malestar en el propietario.

Díaz, conocido en redes por mostrar su rutina rural, agradeció el apoyo recibido y expresó: "Me voy con la frente en alto, aprendí mucho acá en el campo. Hay que buscar otro trabajo". Tras su despido, recibió numerosas ofertas laborales y ayuda económica de seguidores para afrontar la transición y buscar asesoramiento legal.

El caso reavivó el debate sobre la precariedad laboral y los despidos injustificados en el ámbito rural. Desde UATRE señalaron: "Lamentablemente, hay muchos casos de despidos injustificados y trabajo no registrado en el ámbito rural. El caso de Víctor nos ayuda a visibilizar esta problemática y a decir basta". Mientras tanto, las autoridades provinciales continúan con las acciones correspondientes y el caso sigue generando repercusión en la opinión pública.