El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de las primeras concesiones de rutas nacionales bajo la gestión de Javier Milei, en el marco de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 80/2025, implica la transferencia de la explotación, administración y mantenimiento de dos tramos estratégicos del corredor vial Mercosur a empresas privadas, que financiarán las obras y servicios exclusivamente a través de peajes, sin subsidios estatales.

El Tramo Oriental, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., parte del grupo José Cartellone. Por su parte, el consorcio conformado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. se encargará del Tramo Conexión, que incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe. En total, la primera etapa suma 741 kilómetros de trazado estratégico, fundamental para el comercio regional y la integración con Brasil y Uruguay.

Las tarifas de peaje propuestas por las empresas adjudicatarias serán de $3.563 para el Tramo Oriental y $3.385 para el Tramo Conexión, aunque inicialmente se cobrará la tarifa vigente actualizada por inflación hasta que se completen las obras de mejora. El Estado, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), ofrecerá financiamiento por hasta $56.000 millones o el 70% de la inversión, pero no otorgará subsidios directos.

El proceso de licitación, iniciado en octubre del año anterior, concluyó tras 13 meses y desestimó ofertas que no cumplían con los requisitos formales, garantizando la transparencia y competitividad. Las empresas tomarán posesión de los tramos a mediados de diciembre, mientras el Gobierno avanza en la licitación de nuevos corredores, con el objetivo de privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas.

El modelo anterior, gestionado por Caminos Río Uruguay (CRUSA), finalizó en septiembre tras varias prórrogas y conflictos legales. CRUSA mantiene una demanda judicial contra el Estado por supuestos incumplimientos contractuales, mientras el Gobierno planea cerrar la empresa estatal Corredores Viales una vez completada la privatización. El Ejecutivo sostiene que el nuevo sistema potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico, al tiempo que reducirá el déficit fiscal y mejorará la calidad de los servicios viales.