La investigación por la desaparición de Silvia Gloria Gallardo, ocurrida en febrero de 2014 en la localidad cordobesa de Yacanto, dio un giro decisivo esta semana. Tras más de once años sin respuestas, la Justicia ordenó la detención de la hija de la víctima, Yamila Micaela Gallardo, de 29 años, y su yerno, Hugo Alberto Suárez, de 33, ambos imputados como presuntos coautores de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Silvia Gallardo, quien tenía 34 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez el 12 de febrero de 2014. La denuncia formal fue realizada por su hermana, Analía Prado, dos semanas después, al notar que Silvia no había regresado a Córdoba ni retomado contacto con su familia. Desde entonces, el caso se mantuvo sin avances significativos, hasta que la fiscal María Eugenia Ferreyra, a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 2 de Villa Dolores, consideró que existen pruebas suficientes para acreditar el fallecimiento de la mujer y la responsabilidad de los acusados.

Durante el procedimiento, se realizaron allanamientos en la ciudad de Córdoba, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados clave para la investigación. Según la fiscalía, los acusados habrían intentado desviar la pesquisa desde el inicio, promoviendo hipótesis sin fundamento, como una supuesta fuga voluntaria o forzada al exterior, y desprestigiando la vida moral y laboral de la víctima. Estas maniobras, junto con contradicciones y mentiras detectadas, fueron calificadas como un riesgo procesal.

La familia de Silvia Gallardo, que siempre sostuvo la hipótesis de un crimen intrafamiliar, celebró la decisión judicial. "Después de tantos años esperando un gesto de la Justicia, hoy creemos que estamos un poco más cerca de encontrar la verdad", expresó Analía Prado. Por su parte, la defensa de los acusados sostiene que no existen pruebas en su contra y sugiere otras hipótesis, como trata de personas o drogas, que la familia rechaza.

El caso ha generado conmoción en Yacanto y Villa Dolores, donde se reclama justicia y se visibiliza la problemática de la violencia de género y las dificultades en la investigación de desapariciones en el interior provincial. La causa avanza ahora hacia el juicio, con la esperanza de esclarecer el destino de Silvia Gallardo y evitar la impunidad tras más de una década de incertidumbre.