El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un aumento salarial del 7% para docentes y policías, a pagarse en dos tramos durante julio y agosto. La medida fue aceptada por el Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) por un margen muy ajustado, reflejando el descontento de una parte importante del sector docente.

Sin embargo, la decisión no logró consenso total. Gremios disidentes, como SUTEBA Multicolor y la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, rechazaron el acuerdo y convocaron a un paro de 48 horas para los días 14 y 15 de julio. Estos sectores denuncian presiones tanto del Ejecutivo provincial como de gremios afines al gobierno para evitar la medida de fuerza. "El aumento que acordaron representa en el sueldo inicial $24.000, de los cuales al básico van $16.330, $6.600 al código 455 y $1.435 al incentivo docente", detalló Claudio Vigne, secretario general de la Asociación de Maestros, quien además denunció amenazas de descuentos salariales y falta de notificación oficial del paro.

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria general de UDEB Junín, señaló que "desde 2023 los docentes hemos quedado muy por debajo de la inflación" y reclamó una recomposición salarial. También advirtió sobre el aumento de situaciones de violencia en las escuelas y la falta de cumplimiento de acuerdos paritarios de resguardo y reparación.

Los gremios disidentes sostienen que el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza y exigen un salario equivalente a la canasta básica familiar. Además, reclaman por el colapso de IOMA, el vaciamiento del Instituto de Previsión Social y fallas en el sistema de licencias.

El conflicto docente bonaerense se desarrolla en un contexto de crisis económica y tensiones gremiales, con la promesa del gobierno de una nueva convocatoria paritaria en septiembre. El desenlace de la medida de fuerza y las negociaciones futuras serán clave para la estabilidad educativa en la provincia.