El enfrentamiento entre Mayra Mendoza y Grabois se cobró la primera víctima política
• Renuncia en Quilmes tras polémica por estacionamiento medido • Cruce entre Mayra Mendoza y Juan Grabois • Incidentes y represión a trabajadores • Debate político y económico en el municipio #Quilmes #Política #Economía


La reciente aprobación de un sistema de estacionamiento medido en Quilmes generó una fuerte controversia política y social, que culminó con la renuncia de Ezequiel Arauz a la presidencia del bloque oficialista en el Concejo Deliberante. La medida, que abarca más de 110 manzanas del distrito, fue sancionada en una sesión marcada por incidentes y represión policial contra trabajadores de la economía popular y militantes que protestaban frente al municipio.
Arauz, quien había asumido el cargo el 10 de diciembre, explicó en sus redes sociales que acompañó la norma por "responsabilidad institucional", pero manifestó su desacuerdo con el enfoque adoptado y lamentó la falta de consenso con los sectores afectados. "Durante un tiempo prolongado dimos un debate político respecto de cómo comenzar a ordenar el tránsito en Quilmes. Hace cinco años presentamos un proyecto que ya funciona en otras ciudades y jamás prosperó", señaló el edil, diferenciándose de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local. "Evidentemente se optó por otra modalidad y no estamos de acuerdo con el espíritu general ni con la forma en que se aprobó", agregó.
El conflicto se intensificó con el cruce público entre la intendenta con licencia Mayra Mendoza y el dirigente social Juan Grabois. Grabois criticó duramente la represión policial ocurrida a pocos días de la Navidad, mientras Mendoza defendió la necesidad de formalizar el trabajo y mantener el orden. "No se necesita fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal", respondió Mendoza en un audio difundido por ella misma.
La ordenanza habilita la licitación del sistema de estacionamiento medido, que según estimaciones podría multiplicar por hasta 20 veces la recaudación actual de los "trapitos" o cuidacoches informales, generando ingresos millonarios para el municipio. Sin embargo, organizaciones sociales denunciaron la exclusión de sus trabajadores y la posible concesión "a medida" para empresas vinculadas al control vehicular y fotomultas.
El debate sobre el estacionamiento medido se da en un contexto de recortes presupuestarios y alta sensibilidad social, con reacciones de distintos sectores políticos. La diputada Victoria Tolosa Paz defendió la institucionalidad y advirtió sobre los riesgos de las movilizaciones violentas en el conurbano. Otros dirigentes peronistas expresaron preocupación por la escalada de tensión y la falta de diálogo entre las partes involucradas.
El episodio en Quilmes refleja la complejidad de la gestión urbana y la necesidad de consensos en la implementación de políticas públicas que afectan a trabajadores y vecinos. Las implicaciones futuras dependerán de la capacidad de las autoridades para canalizar el conflicto y garantizar la transparencia en la concesión del servicio.
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