El juez federal Daniel Rafecas resolvió este jueves avanzar con el juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de planificar y ejecutar el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. El ataque, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos, es considerado el mayor acto terrorista en la historia argentina y permanece impune tras más de tres décadas.

La decisión judicial se produce luego de la reciente sanción de la ley de juicio en ausencia, que permite juzgar a imputados por delitos graves que eluden sistemáticamente a la justicia. Todos los acusados, entre ellos exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, han sido declarados rebeldes y cuentan con pedidos de captura internacional activos. A pesar de los reiterados pedidos de extradición realizados por Argentina a Irán y Líbano, ninguno de los sospechosos fue detenido ni compareció ante la justicia local.

El fallo de Rafecas, que rechazó las objeciones de la defensa oficial, fue impulsado por la fiscalía, familiares de víctimas y organizaciones como AMIA y DAIA. El magistrado argumentó que la ausencia de los acusados no debe ser un obstáculo para el avance judicial y que el juicio en ausencia es una herramienta para evitar la impunidad en crímenes internacionales graves. "No celebrar el juicio simplemente porque el acusado no está presente puede ser percibido como una doble injusticia, ya que el crimen queda sin castigo y las víctimas no obtienen reparación ni justicia", sostuvo Rafecas en su resolución.

El proceso garantiza el derecho de defensa a través de abogados designados y prevé la posibilidad de revisión de la sentencia si los acusados se presentan posteriormente. El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal, pero representa un giro trascendente en una causa emblemática para la sociedad argentina.

La medida fue celebrada por el Ministerio de Justicia y por organizaciones de familiares de víctimas, que ven en el juicio en ausencia una respuesta largamente esperada. Sin embargo, algunos sectores y organizaciones de derechos humanos han expresado reparos sobre la modalidad, advirtiendo sobre posibles afectaciones al debido proceso. El desarrollo de este juicio podría sentar un precedente para otros casos de delitos de lesa humanidad y terrorismo en el país.