La reciente detención de Roberto "Cachorro" Acosta en la ciudad de Santa Fe, acusado de realizar amenazas contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ha generado una fuerte conmoción política e institucional. Acosta fue arrestado tras pintar mensajes intimidatorios como "Rosatti ojo" en las inmediaciones del domicilio del magistrado, en un contexto de alta tensión tras el fallo de la Corte que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Durante el allanamiento a la vivienda de Acosta, la policía secuestró elementos vinculados al peronismo y a la figura de la expresidenta, incluyendo folletos y prendas partidarias. La investigación, a cargo de la justicia federal, se activó luego de que una vecina aportara imágenes y videos del sospechoso, aunque prefirió no formalizar una denuncia.

El episodio se inscribe en una escalada de amenazas y manifestaciones públicas contra miembros de la Corte Suprema, que incluyeron también mensajes intimidatorios en redes sociales dirigidos al juez Ricardo Lorenzetti. Ante estos hechos, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, la Federación Latinoamericana de Magistrados y el Consejo de la Magistratura emitieron enérgicos comunicados repudiando la violencia y defendiendo la independencia judicial. "Estas intimidaciones son un acto de extrema violencia institucional que atenta contra la normal vida democrática y la integridad del sistema republicano de gobierno", señalaron.

En el plano político, el Partido Justicialista de Santa Fe calificó a Rosatti de "traidor" y denunció una persecución judicial contra Cristina Kirchner, mientras que sectores kirchneristas intensificaron sus críticas al máximo tribunal. Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro respaldó el fallo de la Corte, lo que le valió cuestionamientos del PJ provincial.

El caso refleja la creciente polarización y la fragilidad institucional en Argentina, en un clima marcado por acusaciones cruzadas de lawfare, persecución política y ataques a la independencia judicial. Las entidades judiciales llamaron a la reflexión y a preservar la paz social, advirtiendo sobre los riesgos de la violencia y la intolerancia para la democracia.