La crisis sanitaria provocada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial. Este miércoles, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado se reunirá nuevamente en el Congreso, aunque el ministro de Salud, Mario Lugones, no asistirá a pesar de haber sido invitado. En su lugar, se espera la presencia de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La comisión, presidida por la diputada Mónica Fein, se encuentra en la etapa final de su trabajo y prevé presentar su informe definitivo el próximo 9 de diciembre. El objetivo es esclarecer las responsabilidades y proponer reformas para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Hasta el momento, la Justicia contabiliza entre 124 y 173 muertes relacionadas con la administración de ampollas de fentanilo adulterado, distribuidas en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Neuquén y otras provincias.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación judicial, expuso ante la comisión detalles sobre la magnitud del problema. Según Kreplak, se detectaron más de 154.000 ampollas adulteradas, de las cuales dos lotes resultaron positivos tras los peritajes. El magistrado destacó la falta de trazabilidad en el sistema sanitario argentino, lo que dificultó la identificación y recuperación de los lotes contaminados. "Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, porque esto que ocurrió no debió haber ocurrido", afirmó Kreplak.

Familiares de las víctimas han sido un motor fundamental en el avance de la causa, participando activamente en las reuniones y proponiendo medidas para mejorar la trazabilidad y el control de medicamentos de alto riesgo. Entre sus demandas se encuentran la digitalización de los registros sanitarios y la implementación de auditorías públicas y judiciales.

El caso ha puesto en evidencia graves fallas en los sistemas de control y ha impulsado el debate sobre la necesidad de reformas legislativas. Legisladores de distintos partidos han presentado proyectos para reparar a las víctimas y endurecer los controles sobre la producción y distribución de medicamentos. El informe final de la comisión será determinante para definir las acciones a seguir y restaurar la confianza en las instituciones públicas.