El presidente Javier Milei encabezó en la Casa Rosada la ceremonia de entrega de sables y ascensos a autoridades militares, en un acto que marcó la designación del teniente general Carlos Presti como próximo ministro de Defensa. La decisión, inédita desde el retorno de la democracia en 1983, implica que un militar en actividad asuma la conducción de la cartera, tradicionalmente reservada a civiles.

La salida de Luis Petri, quien asumirá como diputado nacional, abrió la puerta a este cambio significativo. Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, asumirá el cargo el 10 de diciembre. "Hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo", justificó Petri, destacando la continuidad de una línea de respaldo a las Fuerzas Armadas.

El nombramiento de Presti ha generado un intenso debate político y social. Por un lado, el oficialismo lo presenta como una reivindicación de las Fuerzas Armadas y un cambio de paradigma en la gestión de Defensa. Por otro, organismos de derechos humanos y sectores opositores advierten sobre un posible retroceso en la conducción civil y en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El contexto es especialmente sensible: la designación coincide con la convocatoria a marchas para exigir la liberación de represores condenados y con críticas al gobierno por su postura ante los crímenes de la dictadura. Además, el padre de Presti fue acusado de delitos de lesa humanidad, aunque falleció antes de ser juzgado, lo que añade un elemento simbólico al debate.

En el ámbito militar, se prevé una reestructuración de la cúpula, con posibles cambios en el Estado Mayor Conjunto y en las jefaturas de las distintas fuerzas. Presti ha adelantado que planea continuar en actividad y no retirarse, lo que genera interrogantes sobre la cadena de mando y la relación entre el poder político y militar.

Analistas y exfuncionarios han recordado antecedentes históricos, señalando que la conducción civil fue una política adoptada tras la dictadura para limitar la injerencia militar en la política. Sin embargo, el oficialismo sostiene que la medida responde a la necesidad de fortalecer la defensa nacional y reconoce la experiencia de Presti en el ámbito castrense.

El futuro de la política de Defensa y de los derechos humanos en Argentina queda así bajo observación, en un escenario de alta sensibilidad y debate público.