En una jornada decisiva para la política argentina, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. El resultado de la votación fue contundente: 174 votos a favor y 67 en contra en el caso de las universidades, y 181 a favor y 60 en contra respecto al hospital pediátrico, con apenas una abstención en cada caso.

El proceso estuvo precedido por una tensa reunión virtual entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), todos aliados al oficialismo. Según trascendió, Cornejo increpó a Menem: "Martín, dejá de mentirnos. No podés hacer al radicalismo votar en contra de las universidades. Dejá de mentirle al presidente". Los mandatarios provinciales expresaron su descontento por la presión ejercida desde la Casa Rosada y pidieron no ser forzados a apoyar medidas impopulares.

La votación reflejó fracturas dentro de los bloques aliados, con legisladores radicales como Pamela Verasay y Lisandro Nieri desmarcándose del oficialismo y votando en contra del veto universitario. En el caso del Hospital Garrahan, algunos legisladores optaron por ausentarse, evidenciando la complejidad de las negociaciones internas.

El rechazo a los vetos representa un revés para el gobierno de Javier Milei, que buscaba sostenerlos como parte de su política de ajuste fiscal. La defensa de la educación y la salud pública fue central en los argumentos de la oposición, que consideró la medida un "retroceso" y reafirmó el valor histórico de estas áreas para la sociedad argentina.

Andrés Lombardi, presidente de la UCR Mendoza, justificó la postura de los legisladores y destacó la importancia de financiar las universidades, aunque señaló la necesidad de controles y auditorías. Desde Córdoba, tanto la UCR como el peronismo se manifestaron en contra del veto, subrayando que "la educación pública no es un gasto, es futuro".

El episodio deja en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y sus aliados, así como la autonomía de los legisladores provinciales en temas sensibles. De cara a las próximas elecciones, el resultado podría influir en futuras negociaciones parlamentarias y en la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores.