La Justicia argentina ordenó el 9 de octubre de 2025 un total de 25 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación por presuntas coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los procedimientos, dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se realizaron en domicilios particulares y droguerías, con el objetivo de secuestrar celulares, computadoras, dinero y documentación vinculada a contratos de compra de medicamentos de alto costo.

La causa se originó a partir de la filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos pedidos de coimas a laboratorios proveedores del organismo. La investigación apunta a determinar si existió un esquema de direccionamiento y sobreprecios en la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad, así como la posible participación de integrantes del gabinete en las maniobras denunciadas.

Según fuentes judiciales, los allanamientos forman parte de una nueva línea de investigación que busca esclarecer el valor real de los medicamentos adquiridos y la existencia de contratos formales, especialmente con la droguería Suizo Argentina. Hasta el momento, no se han ordenado detenciones, pero se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

En paralelo, el Gobierno recibió los documentos incautados y aceleró la auditoría interna en la ANDIS, enfocándose en compras sin trazabilidad y posibles sobreprecios. El Ejecutivo manifestó su intención de reformar el esquema de contrataciones del organismo para que dependan directamente del Ministerio de Salud, en lugar del sistema autárquico actual.

La causa abarca el período de diciembre de 2023 a agosto de 2025 y se estima que el sumario interno podría extenderse hasta seis meses, con resultados posteriores a las elecciones legislativas de octubre. La Agencia Nacional de Discapacidad cuenta con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales la mayor parte se destina a gastos de seguridad social y salud.

La oposición en la Cámara de Diputados aprobó interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación con la filtración de los audios y las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. El caso continúa en desarrollo, con expectativas de que la auditoría arroje resultados significativos sobre el funcionamiento y las contrataciones de la ANDIS.