La segunda jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares profundizó el clima de tensión y controversia en torno al proyecto impulsado por el oficialismo. La mayoría de los expositores, entre ellos referentes ambientales y especialistas, reiteraron su rechazo a la iniciativa, denunciando la exclusión de la gran mayoría de los inscriptos y la falta de transparencia en los criterios de selección.

Durante la jornada, la exdiputada Graciela Camaño impugnó la validez de la audiencia pública, advirtiendo que "la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto". Camaño sostuvo que la reforma "viola el artículo 41 de la Constitución Nacional" y transforma una ley de protección ambiental en una norma de carácter político, permitiendo que cada provincia defina qué ambientes proteger según sus intereses mineros.

Por su parte, Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), alertó que la propuesta "deja áreas con hielo sin proteger" y "desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas". Además, remarcó que el proyecto no prevé presupuesto para el IANIGLA, generando incertidumbre sobre la continuidad de su labor.

Desde la comunidad de El Chaltén, Cecilia La Vecchia, de la Asociación de Guías de Montaña, enfatizó que "sin glaciares no hay agua potable, sin agua potable no hay vida", y denunció la falta de participación ciudadana en el proceso. Marie Aniere, de la ONG Boana, cuestionó la escasa presencia de especialistas y la exclusión de miles de inscriptos.

El oficialismo, respaldado por el PRO y la UCR, busca avanzar con el proyecto y convocará a los gobernadores de provincias mineras para definir los próximos pasos. Sin embargo, enfrenta la amenaza de judicialización y una fuerte resistencia social, con más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestando su desacuerdo. El futuro del proyecto permanece incierto, mientras crecen las demandas de mayor transparencia y participación en el debate legislativo.