La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá invertir más de $6.000 millones para poner en condiciones tres edificios recientemente adquiridos en Mar del Plata, destinados a dependencias judiciales. Así lo determinó un informe técnico interno que alertó sobre el grave deterioro de las instalaciones y la presencia de asbesto, un material cancerígeno prohibido en Argentina desde 2003.

El Decreto 700/2026, publicado este viernes por el gobernador Axel Kicillof, autoriza al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte la ejecución y fiscalización de las obras necesarias. El informe de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte, incorporado al expediente, sostiene que los inmuebles presentan un "gran deterioro" y requieren intervención urgente. "Las cubiertas presentan un importante deterioro como consecuencia de la falta de mantenimiento durante años", señala el documento, y agrega que las filtraciones y la vegetación invasiva afectan la estructura de los edificios.

La situación resulta llamativa porque las compras se realizaron para resolver el histórico déficit edilicio judicial en Mar del Plata. En 2023, la Suprema Corte adquirió las casonas Villa Devoto y Quinta de Bary, y posteriormente el ex Hotel Vignolo, con el objetivo de trasladar allí la Cámara de Apelaciones y concentrar tribunales laborales. Sin embargo, el diagnóstico técnico reveló que más del 60% de la superficie de las cubiertas está invadida por vegetación y que el sistema de desagües pluviales no funciona adecuadamente.

Uno de los aspectos más preocupantes es la presencia de asbesto-cemento en las cubiertas, lo que motivó la recomendación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata de reemplazar completamente ese material. El presupuesto oficial para la adecuación del ex Hotel Vignolo asciende a $3.850 millones, con un plazo de ejecución de 360 días, mientras que las obras en las casonas patrimoniales demandarán $2.200 millones y 180 días de trabajo.

El Poder Ejecutivo provincial consideró urgente avanzar con las obras, que exceden el límite económico que la Suprema Corte puede contratar directamente. Se espera que la intervención permita mejorar las condiciones laborales y de atención judicial en la ciudad, respondiendo a un reclamo histórico de trabajadores y usuarios del sistema judicial marplatense.