El sistema de transporte público de Salta enfrenta una de sus mayores crisis en los últimos años, tras la ratificación de un paro total de colectivos por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a partir del 8 de abril. La medida de fuerza, que amenaza con dejar sin servicio a miles de usuarios en la capital y el área metropolitana, responde a la exigencia gremial de que se aplique el último acuerdo salarial nacional, lo que implicaría para la operadora SAETA un costo adicional de aproximadamente $520 millones mensuales.

El conflicto se intensificó luego de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autorizara un aumento del boleto urbano, que pasará de $1.150 a $1.450 desde el mismo 8 de abril, un incremento del 26%. Según el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, la suba responde principalmente a la quita de subsidios nacionales y al incremento sostenido de los costos operativos, especialmente en combustible y salarios, que representan cerca del 50% del costo total del servicio.

En un comunicado, la UTA, encabezada por Pedro Cruz, denunció la falta de diálogo con la conducción de SAETA y desmintió versiones oficiales sobre supuestos contactos para destrabar el conflicto. "Sostenemos el silencio por parte del presidente de SAETA S.A., el desinterés mostrado al pago del salario con los incrementos arribados y la nula comunicación a la fecha", expresó el gremio, que también rechazó que el aumento del boleto se utilice como argumento para no cumplir con el acuerdo salarial.

Durante la audiencia pública previa al aumento tarifario, usuarios, legisladores y organismos de defensa del consumidor reclamaron mejoras en la frecuencia y accesibilidad del servicio, así como la ampliación de recorridos. Sin embargo, la discusión de fondo gira en torno a la sostenibilidad del sistema: actualmente, el 60% de los costos se cubren con subsidios provinciales, mientras que el resto depende de la recaudación del boleto. La falta de subsidios nacionales, vigente desde hace más de dos años, y la caída en la cantidad de pasajeros —de 9,2 millones en enero de 2025 a 7,8 millones en enero de 2026— agravan la situación financiera.

Fuentes cercanas a SAETA sostienen que la empresa no se niega a pagar los aumentos, pero advierten que las limitaciones presupuestarias impiden absorber de inmediato los incrementos definidos a nivel nacional. En tanto, la UTA insiste en que la empresa y las autoridades provinciales deben garantizar el pago de los salarios con la nueva escala, advirtiendo que de no cumplirse, el paro será inevitable.

El escenario es de máxima tensión y las próximas horas serán decisivas para evitar la paralización total del servicio, en un contexto donde la continuidad del transporte público y el derecho a la movilidad de los ciudadanos están en juego.