La Justicia Electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli encabezando la nómina tras la renuncia de José Luis Espert. La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, en cumplimiento de la orden de la Cámara Nacional Electoral, que revocó la interpretación inicial de que Karen Reichardt debía liderar la lista.

A pesar del cambio en la candidatura, los materiales electorales, incluyendo las boletas únicas y los afiches informativos que estarán presentes en las mesas de votación, seguirán mostrando la imagen de Espert. La Junta Electoral Nacional rechazó el pedido de LLA para reimprimir 40.000 afiches, argumentando que la solicitud era extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente. Según la Junta, los materiales ya habían sido impresos, distribuidos y controlados, y cualquier intento de reimpresión pondría en riesgo la transparencia y regularidad del proceso electoral.

El Ministerio del Interior informó que la reimpresión podría realizarse en 48 horas por un costo de aproximadamente siete millones de pesos, pero la Junta Electoral priorizó la continuidad y estabilidad del proceso. Los partidos opositores también expresaron su rechazo a la reimpresión, citando la complejidad logística y la escasa utilidad de modificar los afiches en esta etapa.

Por su parte, los apoderados de LLA apelaron la decisión ante la Cámara Nacional Electoral, argumentando que la negativa afecta el derecho de los ciudadanos a votar informadamente y la transparencia del proceso. Consideran que los afiches son instrumentos pedagógicos esenciales para garantizar la información del electorado, especialmente tras la negativa a reimprimir las boletas únicas.

El proceso de distribución de materiales electorales ya está en marcha en los 40.000 puestos habilitados para los 14 millones de electores bonaerenses, de cara a los comicios del 26 de octubre. La controversia pone de manifiesto las tensiones entre la gestión logística, la transparencia electoral y el derecho a la información de los votantes, en un contexto marcado por la complejidad y la magnitud del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires.