Un error en la carga de combustible en una estación de servicio de Cipolletti terminó en un fallo judicial que favorece al consumidor. Un conductor que solicitó gasoil para su camioneta diésel recibió nafta por error, lo que provocó graves fallas en el motor y una serie de reparaciones que no lograron resolver el problema de manera definitiva.

El incidente ocurrió cuando el cliente, al notar las primeras fallas, regresó de inmediato a la estación para reclamar. La empresa reconoció el error y asumió los costos de una limpieza inicial del sistema de combustible, tras lo cual el vehículo fue devuelto al propietario. Sin embargo, tiempo después, la camioneta volvió a presentar desperfectos mientras circulaba por la Ruta 65, lo que obligó a una nueva intervención en otro taller y motivó el inicio de una demanda judicial.

Durante el proceso, mecánicos de ambos talleres y personal de la estación de servicio brindaron testimonios contradictorios sobre el alcance de los daños. Mientras uno de los talleres sostuvo que la limpieza inicial fue suficiente, el otro describió un daño mayor que requirió reparaciones adicionales. La estación de servicio argumentó que la confusión en el pedido del cliente pudo haber generado el error, aunque admitió la carga incorrecta y aseguró haber cubierto los gastos de las primeras reparaciones.

El juez a cargo del caso encuadró el conflicto dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y consideró probado que se entregó un producto distinto al solicitado, lo que constituye una prestación defectuosa del servicio. "La responsabilidad del control de la carga recae en quien ejecuta la operación, más aún tratándose de un producto riesgoso", señaló el magistrado en su fallo. Ante la falta de una pericia mecánica concluyente, el juez aplicó el principio de interpretación más favorable al consumidor y responsabilizó a la estación Servicios Cipolletti S.R.L. por los daños materiales y las molestias sufridas por el cliente.

La sentencia, que aún puede ser apelada, ordena una indemnización económica para el damnificado y refuerza la importancia de la protección al consumidor en casos de servicios defectuosos. El fallo podría sentar precedente para situaciones similares en la región, subrayando la obligación de los proveedores de extremar cuidados en la prestación de servicios riesgosos.