La Causa Cuadernos, uno de los procesos judiciales más emblemáticos de la última década en Argentina, enfrenta una crisis de legitimidad tras las recientes declaraciones de empresarios y exfuncionarios que aseguran haber sido coaccionados para incriminar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según testimonios presentados ante el Tribunal Oral Federal N°7, al menos 27 personas relataron haber recibido presiones, tanto dentro como fuera del ámbito judicial, para admitir el pago de sobornos y validar acusaciones contra la exmandataria y otros funcionarios.

Entre los casos más resonantes se encuentra el de Guillermo Escolar, quien admitió haber mentido bajo presión judicial. Otros empresarios, como Mario Rovella, anticiparon la situación y dejaron constancia ante escribanos en 2019 de que sus declaraciones serían dadas bajo coacción. Estas revelaciones han llevado a las defensas a solicitar la citación de escribanos y la incorporación de nuevas pruebas que permitan esclarecer la veracidad de los testimonios.

El fiscal Carlos Stornelli y el exjuez Claudio Bonadío, principales impulsores de la causa, son señalados como responsables de las presiones denunciadas. Además, los arrepentidos Oscar Centeno y Ernesto Clarens, cuyas declaraciones fueron clave para el avance del expediente, se negaron a declarar en el juicio oral, lo que incrementó las dudas sobre la solidez de la acusación.

La suspensión de la transmisión pública de las audiencias por YouTube, decidida por el tribunal tras la difusión de estas denuncias, generó críticas de las defensas y de la fiscalía, que reclaman mayor transparencia en el proceso. La causa, que desde 2018 marcó la agenda política y mediática, es ahora objeto de un intenso debate sobre la validez de sus pruebas y la imparcialidad de la justicia.

Cristina Kirchner y su entorno sostienen que son víctimas de una persecución judicial y mediática, mientras que sectores opositores insisten en la necesidad de esclarecer los hechos. El tribunal deberá resolver en los próximos días si mantiene la suspensión de las audiencias y cómo proceder ante las nuevas denuncias, en un contexto de creciente polarización política y cuestionamientos al sistema judicial argentino.