El pasado 18 de mayo, en la localidad de Coronda, Santa Fe, un caso de violencia de género conmocionó a la comunidad. Una suboficial de 21 años, embarazada de ocho meses, fue baleada en la cabeza por su pareja, Brian Ezequiel Aguirre, también policía provincial. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde se le practicaron dos intervenciones quirúrgicas: una cesárea para el nacimiento prematuro de su bebé y otra para tratar la herida craneal.

Tras permanecer varios días en estado crítico, la suboficial recibió el alta médica este lunes, mientras que su bebé continúa internado en el área de neonatología con pronóstico estable. Según el director del hospital, Bruno Moroni, el recién nacido está bajo tratamiento nutricional y muestra una evolución favorable.

Por su parte, el agresor fue imputado por tentativa de homicidio triplemente calificado y tentativa de aborto. En una audiencia celebrada en los Tribunales de Santa Fe, el fiscal Alejandro Benítez presentó pruebas contundentes que desestimaron la versión del imputado sobre un disparo accidental. El juez Nicolás Falkenberg ordenó prisión preventiva efectiva, argumentando el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento probatorio.

El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima, donde residía con su tío. Según el relato del fiscal, el agresor utilizó su arma reglamentaria para disparar a la cabeza de su pareja. Ante el estruendo, el tío de la víctima acudió al lugar y escuchó al imputado afirmar que el disparo se le había escapado.

Ambos policías habían sido asignados a la Brigada de Orden Urbano en Rosario desde febrero, aunque la víctima realizaba tareas administrativas debido a su avanzado embarazo. Tras el ataque, el jefe de Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, pasó a disponibilidad al agresor, quien cobrará el 75% de su salario mientras avanza la investigación.

Este caso ha generado un fuerte rechazo social y ha puesto en evidencia la problemática de la violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han exigido medidas más estrictas para prevenir estos hechos y garantizar la protección de las víctimas. La Fiscalía continúa con la investigación, mientras la comunidad espera justicia para la joven suboficial y su bebé.