La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y varios exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017. El máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por los familiares, argumentando que no cumplían con los requisitos formales establecidos por la acordada 4/2007, y cerró así el expediente judicial contra Macri y los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La investigación se había iniciado en 2020, tras la denuncia de la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien halló documentos que evidenciaban seguimientos y recopilación de información personal sobre los familiares de los submarinistas. En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava procesó a Macri por espionaje ilegal, considerando que los agentes de inteligencia seguían a los parientes para anticipar sus reclamos al presidente. Sin embargo, la Cámara Federal de Comodoro Py revocó el procesamiento en 2022, al entender que las acciones de la AFI estaban justificadas por protocolos de seguridad presidencial y no constituían delito.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión en 2023, con el voto mayoritario de los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, y la disidencia de la jueza Ángela Ledesma, quien advirtió sobre el riesgo de otorgar una "carta blanca" a los servicios de inteligencia. Finalmente, la Corte Suprema desestimó los recursos de los familiares, dejando firme el sobreseimiento de Macri y los exfuncionarios.

La abogada querellante Valeria Carreras anunció que presentará un recurso de reposición y evalúa acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando una denegación de justicia y re victimización de los familiares. El expediente principal sobre el hundimiento del ARA San Juan continúa su curso y será debatido en juicio oral en la provincia de Santa Cruz, donde se investigan las responsabilidades de altos mandos de la Armada.

La decisión de la Corte Suprema ha generado críticas de los familiares y sus representantes legales, quienes consideran que la justicia argentina ha fallado en proteger sus derechos y que el fallo representa un respaldo al poder político. El debate sobre el uso de inteligencia estatal y la seguridad presidencial sigue presente en la agenda pública, mientras los familiares insisten en buscar justicia en instancias internacionales.