El Gobierno Nacional de Argentina ha emitido un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transfiere la responsabilidad de la atención a personas en situación de calle a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial como DNU 373/2025, modifica la Ley 27.654, que previamente asignaba al Estado Nacional un rol central en la gestión de estas políticas.

Según el decreto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la nueva autoridad de aplicación, con un rol limitado a la coordinación y rectoría. El texto enfatiza el principio de subsidiariedad, permitiendo la intervención nacional solo en casos donde las capacidades locales sean insuficientes. "El objetivo es priorizar el abordaje territorial local, permitiendo que cada provincia y municipio, con mayor proximidad a sus habitantes, puedan asistir con eficacia y eficiencia a las personas en esta compleja situación", argumentó el Gobierno.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de organizaciones sociales y expertos. Horacio Ávila, de la organización Proyecto 7, advirtió que la eliminación de ciertos artículos de la ley podría excluir a sectores vulnerables, como personas con problemas de consumo o diversidad. "Esto deja afuera a un montón de gente", señaló Ávila.

El decreto también elimina el inciso a) del Artículo 12, que garantizaba la integración y continuidad de programas existentes. Esto ha generado preocupación sobre la posible desarticulación de políticas públicas y la pérdida de alcance en las medidas de asistencia.

La decisión se toma en un contexto de aumento de personas en situación de calle, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, en 2024 había 4049 personas en esta situación, un incremento significativo respecto al año anterior. Organizaciones sociales estiman que la cifra real podría ser mucho mayor.

La Ley 27.654, sancionada en 2021, fue concebida como un marco legal para proteger a personas en situación de calle, estableciendo programas de subsidios y redes de integración. Sin embargo, el Gobierno argumenta que su implementación ha sido limitada y discrecional, justificando así la necesidad de una reforma.

La medida se enmarca en una política de descentralización promovida por el Gobierno de Javier Milei, que busca reducir el rol del Estado Nacional en áreas sociales. Aunque el Gobierno defiende la decisión como un paso hacia un federalismo más eficiente, las capacidades locales para asumir estas responsabilidades varían significativamente, generando incertidumbre sobre el impacto real de la medida.

En conclusión, mientras el Gobierno apuesta por un modelo descentralizado, las críticas apuntan a los riesgos de desarticulación y desigualdad regional. La efectividad de esta política dependerá en gran medida de la capacidad de las provincias para implementar las nuevas responsabilidades asignadas.