El Senado de Mendoza se encuentra en el centro de un intenso debate por la posible aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del megaproyecto minero PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge. Este proyecto, que prevé una inversión de entre 559 y 600 millones de dólares y la explotación de cobre durante hasta 27 años, ha generado una fuerte polarización entre sectores políticos, empresariales y sociales de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el gobierno provincial de Alfredo Cornejo y respaldada por el presidente Javier Milei, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y se discute junto a otras tres leyes relacionadas con la minería: la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II, la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación del régimen de Regalías Mineras. El foco principal está puesto en el aval para la explotación metalífera en la localidad de Uspallata, a 97 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

La sesión legislativa coincide con una masiva movilización de agrupaciones políticas, ambientalistas y antimineras, que se concentran en la Plaza Independencia bajo la consigna "el agua no se negocia". El Ministerio de Seguridad dispuso un megaoperativo con 500 policías y cortes de calles en el microcentro para garantizar el desarrollo de la sesión y evitar incidentes, en respuesta a antecedentes de agresiones y daños en protestas anteriores.

El debate enfrenta posiciones antagónicas. Por un lado, el Ejecutivo provincial y nacional destacan el potencial económico del proyecto y la transparencia del proceso. La vicegobernadora Hebe Casado aseguró que la DIA y el proyecto San Jorge "son el resultado de una revisión exhaustiva por parte de ministerios, universidades y organismos técnicos provinciales", y que "el proceso es transparente, cualquier persona puede consultar toda la documentación del proyecto en la página del Ministerio de Energía y Ambiente". Casado también subrayó que "en la audiencia pública participaron más de 9.000 personas y, según los registros oficiales, el 67% se manifestó de modo favorable a la minería".

Por otro lado, ambientalistas y opositores advierten sobre el uso intensivo de agua, estimado en hasta 12 millones de litros diarios, y la falta de "licencia social" para el emprendimiento. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, señaló que "en Mendoza, la relación con el agua es única. Miles de personas, desde distintos puntos de la provincia, han llegado para manifestar una defensa férrea del recurso ante proyectos que ponen en riesgo la base misma de la vida y la economía local". Viale recordó que experiencias similares en otras provincias no han generado mejoras socioeconómicas proporcionales y que "la gente lo rechaza y no se puede hablar de consenso social".

El peronismo y el Partido Verde han adelantado su rechazo al proyecto principal, aunque podrían acompañar otras iniciativas mineras. El debate se da en un contexto de sequía prolongada y alta sensibilidad social por el recurso hídrico, con antecedentes de movilizaciones que frenaron proyectos similares en 2011 y 2019.

La discusión sobre el rol de la minería en la economía mendocina incorpora la relación con otras áreas productivas, como la vitivinicultura, y la necesidad de diversificar la matriz productiva ante el declive petrolero. El resultado de la votación en el Senado podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental y económica de Mendoza, con implicaciones para el desarrollo regional y la gestión de los recursos naturales.