El conflicto policial que mantuvo en vilo a la provincia de Santa Fe durante una semana llegó a su fin tras el anuncio de un acuerdo salarial por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. La crisis, que se desató con protestas y asambleas de efectivos policiales en Rosario y otras ciudades, puso en evidencia el malestar dentro de la fuerza por las condiciones laborales y salariales.

El detonante fue el suicidio de un policía en la Jefatura de Rosario, hecho que reavivó reclamos sobre la salud mental y el desgaste profesional de los agentes. A partir de allí, las manifestaciones se multiplicaron, involucrando tanto a personal activo como retirado, y generando preocupación por la seguridad pública en la provincia.

En una conferencia de prensa, Pullaro anunció la implementación de un nuevo piso salarial de $1.350.000 para todo el personal policial y del servicio penitenciario, incluidos administrativos y agentes del 911. Además, se establecieron adicionales por función, zona y conducción de móviles, lo que permitirá que los haberes superen los $2 millones en áreas de mayor conflictividad. El gobernador subrayó que la prioridad fue garantizar la seguridad pública y reconoció la legitimidad de los reclamos, aunque advirtió sobre intentos de manipulación e infiltración en las protestas.

El acuerdo también contempla mejoras en transporte, tarjeta alimentaria y alojamiento para agentes desplazados, así como el fortalecimiento del gabinete psicológico para atender la salud mental de los efectivos. Pullaro destacó que el diálogo se mantuvo abierto en todo momento y agradeció el compromiso de la fuerza para reducir los índices de violencia en la provincia.

El conflicto policial en Santa Fe se produce en un contexto de baja histórica de homicidios, tras años de cifras críticas. Sin embargo, la situación expuso limitaciones estructurales, como la ausencia de un sindicato policial y la falta de mecanismos formales de negociación colectiva. El desenlace del conflicto fue seguido de cerca por otros sectores estatales, que ahora se muestran más combativos en sus demandas salariales. El gobierno provincial enfrenta el desafío de recomponer el vínculo con la fuerza y evitar un efecto contagio en el resto de la administración pública.