La crisis sanitaria por fentanilo contaminado en Argentina ha alcanzado una cifra alarmante de 100 muertos, según confirmó el gobierno de Javier Milei. El caso involucra al laboratorio HLB Pharma Group S.A., cuyo dueño, Ariel García Furfaro, ha sido señalado como principal responsable del lote de fentanilo adulterado que provocó la tragedia. Las muertes se registraron en hospitales de Buenos Aires y otras provincias, generando una ola de preocupación y reclamos de justicia por parte de familiares de las víctimas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhabilitó el laboratorio en febrero de este año, tres meses antes de que se reportara la primera muerte vinculada al fentanilo contaminado. Posteriormente, más de 100 mil ampollas adulteradas fueron incautadas y retiradas de circulación en todo el país, según confirmaron autoridades sanitarias de Córdoba y otras jurisdicciones.

El gobierno nacional ha intensificado la presión sobre el juez Ernesto Kreplak, encargado de la investigación, exigiendo la detención de García Furfaro y advirtiendo sobre posibles recusaciones si no se avanza en el procesamiento. "Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro", afirmó la vocería presidencial, mientras se multiplican las acusaciones de encubrimiento y vínculos políticos entre el empresario y sectores opositores.

En paralelo, la Cámara de Diputados abordó el escándalo en una sesión de urgencia, aprobando un dictamen unánime que solicita informes detallados al Ejecutivo y a la ANMAT sobre la magnitud del brote, los lotes involucrados, las medidas de control adoptadas y las responsabilidades institucionales. El pedido incluye 26 preguntas concretas para esclarecer el manejo de la crisis y prevenir futuras tragedias.

Familiares de las víctimas, como Soledad Francese, madre de Renato Nicolini, han manifestado públicamente su indignación y exigencia de justicia, responsabilizando directamente al laboratorio y denunciando irregularidades en la fabricación y control de calidad del fentanilo. Por su parte, García Furfaro ha intentado defenderse, negando la posibilidad de contaminación en su entorno y denunciando una campaña mediática en su contra.

El juez Kreplak, por su parte, ha rechazado la interferencia política y defendido la independencia judicial, señalando que "suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho".

El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de reformas en la farmacovigilancia, el control de calidad y la trazabilidad de medicamentos en Argentina.