El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó una fuerte controversia en la política argentina, con un cruce público entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La polémica se desató tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en los que se denuncia una supuesta recaudación ilegal y sobreprecios en la compra de medicamentos, involucrando a funcionarios nacionales y empresarios farmacéuticos.

En los audios, Spagnuolo afirma que la droguería Suizo Argentina S.A. exigía pagos indebidos a los proveedores, elevando el porcentaje de comisión del 5% al 8%. "A mí me están desfalcando la agencia", sostuvo el exfuncionario en una de las grabaciones. Las revelaciones derivaron en una investigación judicial que incluyó al menos quince allanamientos, la incautación de US$266.000 y la prohibición de salida del país para Spagnuolo y los directivos de la farmacéutica.

Mayra Mendoza, a través de sus redes sociales, acusó a Villarruel y otros dirigentes de formar parte de una "banda de corruptos". La vicepresidenta respondió: "Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación". Mendoza redobló la apuesta, calificando a Villarruel de "terrible corrupta" y vinculándola con el exdirector de ANDIS mediante capturas de conversaciones previas en redes sociales.

La denuncia penal fue presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, accionista mayoritario de Suizo Argentina. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi lideran la investigación, que busca esclarecer la presunta trama de coimas y el posible perjuicio a beneficiarios de la agencia.

En medio de la tensión, Villarruel defendió su rol institucional y negó cualquier vinculación con las maniobras denunciadas. "A mí me votaron los argentinos como vicepresidenta de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad mi obligación institucional", declaró en un acto oficial en Chubut. El caso se inscribe en un contexto de alta polarización política y disputas internas entre sectores libertarios y kirchneristas, con repercusiones en medios y redes sociales.

La investigación judicial continúa, mientras el escándalo pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública y la relación entre funcionarios y empresas proveedoras del Estado.