Condenaron a una delincuente que participó en balacera intimidatoria a la familia Di María
• Condenan a Sara Gutiérrez a 3 años y 6 meses de prisión por amenazas y balacera contra la familia de Ángel Di María en Funes, Rosario (2024). • El ataque buscó frenar su regreso a Rosario Central y fue vinculado a la interna de la barra de Newell’s. #Seguridad #Rosario



La Justicia de Rosario dictó este lunes la primera condena por el ataque intimidatorio contra la familia del futbolista Ángel Di María, ocurrido en marzo de 2024 en el barrio privado Funes Hills Miraflores. Sara Gutiérrez, de 25 años, fue sentenciada a tres años y seis meses de prisión efectiva tras reconocer su participación en el hecho, en el marco de un acuerdo abreviado entre la fiscalía y la defensa, homologado por el juez Lisandro Artacho.
El episodio tuvo lugar la madrugada del 25 de marzo de 2024, cuando Gutiérrez y su primo, Pablo Acotto, se trasladaron en un Renault Megane hasta la puerta del country donde reside la familia de Di María. Allí, dejaron una nota intimidatoria y realizaron disparos al aire, según registraron las cámaras de seguridad del lugar. El mensaje, dirigido al futbolista y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advertía sobre las consecuencias de un eventual regreso de Di María a Rosario Central.
La investigación determinó que el ataque fue planificado por una facción disidente de la barra brava de Newell’s Old Boys, en un contexto de disputas internas y violencia creciente en Rosario. La fiscal Paula Barros sostuvo que la acción buscaba infundir temor tanto en la familia del jugador como en la población, y fortalecer el liderazgo de la facción dentro de la barra brava. Dos días después del ataque, Gutiérrez y Acotto fueron detenidos en un departamento de Rosario, donde se halló un arma de fuego utilizada en el hecho.
El caso se inscribe en una serie de hechos violentos que afectaron a la ciudad en ese período, incluyendo amenazas a otros actores sociales y crímenes mafiosos. El regreso de Di María a Rosario Central, inicialmente postergado tras el ataque, se concretó finalmente en 2025. La condena a Gutiérrez es vista como un avance en la respuesta judicial a la violencia vinculada al fútbol y al crimen organizado en la región, aunque persisten desafíos en materia de seguridad pública.
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