La inflación de enero de 2026 en Argentina fue del 2,9%, según el informe oficial del INDEC. Sin embargo, la decisión del gobierno de no actualizar la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el índice de precios al consumidor (IPC) ha generado un intenso debate entre economistas, analistas y la opinión pública. La salida de Marco Lavagna de la titularidad del organismo y la continuidad de ponderaciones basadas en consumos de 2004, en lugar de la canasta actualizada de 2017, han sido señaladas como factores que afectan la credibilidad institucional y la representatividad de los datos.

El economista Isaac Rudnik advirtió que la intervención en el INDEC y la falta de actualización metodológica generan incertidumbre y desconfianza en el índice, que es fundamental para la credibilidad del gobierno. "Esta intervención está consiguiendo disfrazar una parte del aumento notarizado, fundamentalmente por los servicios", afirmó Rudnik, quien también señaló que una inflación subestimada impacta directamente en los ingresos de jubilados, beneficiarios de asignaciones sociales y empleados estatales, cuyos haberes se actualizan en función del índice oficial.

Por su parte, analistas de distintos medios coinciden en que, si bien no hubo manipulación directa de los datos, la decisión de mantener una metodología desactualizada profundiza una distorsión estadística que viene de años anteriores. El presidente Javier Milei ha defendido la baja de la inflación como resultado de políticas monetarias y fiscales, pero enfrenta escepticismo sobre la sostenibilidad del proceso y la transparencia de los datos.

El contexto económico sigue siendo complejo, con estancamiento de la actividad, caída del consumo y un tipo de cambio sostenido artificialmente. Las políticas de contracción monetaria, apertura de importaciones y control del dólar muestran señales de agotamiento, según varios economistas. Además, la diferencia entre los datos oficiales y la percepción de la población sobre el costo de vida erosiona la credibilidad del gobierno y podría tener consecuencias políticas en el futuro.

Mientras tanto, consultoras privadas y universidades han detectado una caída real de los ingresos disponibles y un aumento de la pobreza que no se reflejan plenamente en las estadísticas oficiales. La discusión sobre la transparencia y la representatividad de los datos del INDEC se mantiene en el centro del debate público, en un momento en que la estabilidad económica depende en gran medida de la confianza interna y externa.