La causa judicial que investiga la compra de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), experimentó un giro decisivo esta semana. La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que el expediente, que había sido trasladado al juzgado federal de Zárate-Campana, regrese a la Ciudad de Buenos Aires y quede bajo la órbita del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, actualmente a cargo de la jueza Verónica Straccia.

La decisión representa un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, quienes habían buscado que la causa quedara en manos de un juez considerado "amigable". El fallo de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio enfatizó que la naturaleza económica y financiera de los hechos investigados, así como el domicilio de las sociedades involucradas, justifican que la causa permanezca en el fuero penal económico porteño.

La investigación se centra en determinar si la adquisición de la mansión y otros bienes, como una flota de vehículos de colección, formó parte de maniobras de presunto lavado de activos con fondos provenientes de la AFA. Los principales imputados son Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino. El expediente también analiza contratos con la empresa TourProdEnter, que habría desviado al menos 40 millones de dólares de la entidad deportiva.

Durante los últimos meses, la causa fue objeto de maniobras judiciales que dilataron su avance y evitaron imputaciones concretas a los dirigentes de la AFA. La Cámara criticó la falta de avances procesales en la jurisdicción de Zárate-Campana y destacó que no se habían producido llamados a indagatoria ni procesamientos.

La jueza Straccia, reconocida por su rigor técnico y perfil reservado, asume ahora la investigación, aunque fuentes judiciales no descartan que delegue la pesquisa en el fiscal Claudio Navas Rial. El caso se inició tras una denuncia de Elisa Carrió y otros dirigentes opositores, y se suma a al menos seis causas paralelas que involucran a la AFA y sus directivos por presunto lavado y evasión.

El cambio de juzgado es interpretado como un golpe a la estrategia defensiva de la AFA, mientras que en el ámbito judicial se destaca la seriedad de la nueva magistrada a cargo. Sin embargo, persisten dudas sobre la velocidad con la que avanzará la investigación y el impacto que tendrá en el futuro de los dirigentes involucrados.