La reciente decisión de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de 2012, ha reavivado un intenso debate político en el país. El fallo, que representa un duro golpe económico y político, generó un fuerte cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el exsenador Jorge Yoma, ambos oriundos de La Rioja.

Menem, a través de sus redes sociales, recordó la lista de legisladores riojanos que votaron a favor de la expropiación de YPF en 2012, señalando que él no participó de lo que calificó como un "atropello". En respuesta, Yoma defendió su voto afirmativo y argumentó que la estatización fue necesaria tras el vaciamiento de la empresa bajo control privado. "Yo voté la estatización de YPF y lo volvería a hacer con las dos manos", afirmó Yoma, quien también criticó la privatización de los años '90 y la venta de la "acción de oro" a Repsol.

La expropiación de YPF fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y su ministro Axel Kicillof, y contó con un amplio respaldo en el Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. El proyecto fue presentado como una recuperación de la soberanía energética, aunque también generó críticas internas y externas, especialmente de España, la Unión Europea y Estados Unidos.

El fallo de Preska, que exige la entrega de la "acción de oro" y el 51% accionario de YPF, pone en evidencia las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas en 2012. El oficialismo actual responsabiliza al kirchnerismo por el revés judicial, mientras que exlegisladores y sectores opositores defienden la estatización como un acto de soberanía nacional.

El caso YPF refleja las profundas divisiones políticas en torno al manejo de los recursos estratégicos y anticipa nuevas tensiones en el escenario político y económico argentino, con un impacto que trasciende las fronteras del país.