El conflicto salarial en el Poder Judicial argentino alcanzó nuevas dimensiones esta semana, con protestas y medidas de fuerza en Córdoba, Salta y a nivel nacional. Magistrados y empleados judiciales intensificaron sus reclamos por recomposición salarial y mejores condiciones laborales, en un contexto de crisis económica y reformas previsionales que han deteriorado sus ingresos.

En Córdoba, la situación se mantiene tensa tras más de un mes de conflicto. La mesa de conciliación propuesta por el gobierno de Martín Llaryora no ha logrado avances significativos. Los representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han presentado ofertas concretas para responder a los reclamos de equiparación salarial con la Justicia federal. "Cobramos un 77%, pero ni siquiera del total que cobran los federales. Es un 77% sobre el 90% del total de los federales", explicaron magistrados a Letra P. Más de mil jueces y funcionarios han presentado recursos administrativos, advirtiendo que podrían recurrir a la vía judicial si no obtienen respuestas.

La protesta en Córdoba une a empleados y magistrados, quienes históricamente han tenido posturas divergentes. Ambos sectores rechazan la suba de aportes personales y exigen transparencia en la información salarial. El TSJ, por su parte, ha limitado sus respuestas a solicitar precisiones sobre las propuestas gremiales, sin ofrecer soluciones concretas.

En Salta, los trabajadores judiciales también se encuentran en estado de alerta y movilización. Según Matías Aramayo, secretario general de la Agremiación Judicial de Salta, los empleados judiciales son de los peores pagos del país, con salarios iniciales cercanos a los 800 mil pesos. "Necesitamos que el compañero judicial no esté pensando en cómo llegar a mitad de mes, sino en cómo brindar un mejor servicio a la gente", afirmó Aramayo. Tras las movilizaciones, hubo un primer acercamiento con autoridades judiciales, quienes reconocieron la gravedad de la situación y se comprometieron a trabajar en una solución.

A nivel nacional, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro de 24 horas para visibilizar la problemática. El gremio reclama mejoras salariales, condiciones laborales dignas y la independencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

El conflicto evidencia la presión creciente sobre el gobierno y las autoridades judiciales para encontrar una salida que garantice la estabilidad y el funcionamiento del sistema judicial. La unidad entre empleados y magistrados, sumada a la falta de respuestas concretas, anticipa la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no se atienden los reclamos.