El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia este martes contra tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), encontrándolos culpables de administración fraudulenta y desvío de fondos públicos provenientes de la empresa minera YMAD entre 2006 y 2011. El ex rector Juan Cerisola recibió la pena más alta: tres años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, fue condenada a tres años y dos meses de prisión, mientras que Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones, recibió dos años de prisión en suspenso. Luis Sacca, ex subsecretario administrativo, fue absuelto por falta de pruebas.

La investigación, que se extendió por más de 14 meses y contó con la declaración de más de 50 testigos y la revisión de 50 cajas de documentación, reveló un esquema de sobreprecios en obras públicas, colocaciones financieras irregulares y la renuncia arbitraria a utilidades mineras que correspondían a la UNT. Según el Ministerio Público Fiscal, la decisión de Cerisola de dar por concluida la Ciudad Universitaria sin fundamento técnico implicó que la UNT dejara de percibir el 40% de las utilidades de YMAD, con una pérdida estimada en más de 64 mil millones de pesos.

El tribunal dispuso que Cerisola y Cudmani abonen solidariamente más de 39 millones de pesos como resarcimiento económico, mientras que Cudmani y Venturino deberán responder por el pago de 717 mil pesos adicionales. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos 40 días hábiles, y las defensas podrán apelar la sentencia.

Durante el proceso, Cerisola defendió su gestión y denunció una "persecución penal sin fundamentos sólidos", mientras que sectores estudiantiles y docentes reclamaron mayor transparencia y democratización en la administración universitaria. El caso YMAD pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos, especialmente en el ámbito educativo. El fallo es considerado histórico por su impacto en la lucha contra la corrupción institucional y la gestión de recursos destinados a la educación pública. Las implicaciones futuras incluyen posibles reformas en la administración universitaria y un debate renovado sobre el destino de los fondos mineros.