El gobierno de Javier Milei decidió cesantear a Paulo Croppi y Raúl Borquez, responsables del Distrito 23 de Vialidad Nacional, tras la polémica demolición del monumento al historiador Osvaldo Bayer en Río Gallegos, Santa Cruz. La obra, creada por el escultor Miguel Villalba, fue destruida con una retroexcavadora el pasado 25 de marzo, generando un amplio repudio social y denuncias judiciales.

El monumento, inaugurado en 2023, rendía homenaje a los obreros rurales fusilados durante la Patagonia Rebelde, un episodio histórico documentado por Bayer. La demolición, captada en video, provocó indignación en diversos sectores culturales, políticos y sociales. En respuesta, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció la restitución de la obra, calificando el acto como un intento de "borrar la historia de los santacruceños y patagónicos".

La decisión de cesar a Croppi y Borquez fue oficializada mediante una resolución del gobierno nacional, que también designó a Andrea Lebrand como encargada interina del Distrito 23. Además, se presentaron denuncias penales contra los exfuncionarios por daño agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según informes, también se investigan irregularidades en el uso de recursos públicos, como equipos viales y combustible.

El Concejo Deliberante de Río Gallegos declaró "personas no gratas" a los responsables de Vialidad Nacional, mientras que sindicatos y organizaciones sociales celebraron la remoción de los funcionarios. Por su parte, familiares de Bayer y el escultor Villalba criticaron la falta de consulta para la reubicación del monumento, rechazando una propuesta unilateral del gobierno provincial.

El hecho también tuvo repercusiones en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde un grupo de escritores realizó una intervención en memoria de Bayer. Este episodio ha puesto en el centro del debate la importancia de preservar la memoria histórica y el respeto por los símbolos culturales.

La justicia continúa investigando las denuncias presentadas, mientras que sectores sociales y culturales exigen la pronta restitución del monumento en un lugar adecuado. Este caso ha generado un amplio debate sobre la gestión pública y el respeto por el patrimonio histórico y cultural.