La reciente detención de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), ha sacudido el escenario político y empresarial argentino. El operativo, realizado en su departamento de Palermo y en una propiedad en Mendoza, permitió el secuestro de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, junto a diversas drogas sintéticas y documentación relevante. La investigación, que comenzó tras el robo de equipamiento en un depósito de ARSAT en San Fernando, rápidamente escaló hacia la sospecha de una red de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios vinculados a la empresa estatal de telecomunicaciones.

Según fuentes judiciales, la pesquisa apunta a un esquema de direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas, en el que estaría involucrada la empresa Argentina Logistic Services (ALS) y un grupo de funcionarios apodados "la banda de los mendocinos". Este grupo, integrado por ex directivos de ARSAT y otros organismos estatales, habría consolidado su poder entre 2025 y 2026, mostrando un notable crecimiento patrimonial en ese período. "Lo hallado en los allanamientos es solo una pequeña porción del dinero que habrían movido dentro de la empresa", señalaron fuentes cercanas a la causa.

El juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, han ordenado múltiples allanamientos y el análisis forense de dispositivos electrónicos incautados, con el objetivo de determinar la extensión de la red y la posible participación de más funcionarios y empresarios. Entre los implicados figuran también Gerardo Boschin, ex presidente de Trenes Argentinos, y otros ex gerentes de ARSAT, quienes habrían facilitado la contratación de ALS a cambio de presuntas coimas.

El caso ha generado un fuerte impacto político. Desde el Gobierno, se intentó minimizar la responsabilidad oficial, señalando que los implicados provenían de gestiones anteriores y que "se trata de integrantes de la casta que sobrevivieron a la motosierra libertaria". Sin embargo, analistas y medios subrayan la transversalidad política de los involucrados y la demora de algunos portales en cubrir el escándalo. La causa, aún bajo secreto de sumario, podría derivar en nuevas indagatorias y revelar la magnitud de la red de corrupción en el sector público argentino. El desenlace de la investigación será clave para determinar las responsabilidades y el impacto institucional del caso.