Diversos organismos de derechos humanos y referentes sociales han expresado en los últimos días una profunda preocupación por el rumbo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina bajo la administración de Javier Milei. Las denuncias apuntan al desmantelamiento de espacios estatales dedicados a la memoria, la reducción de recursos y personal en áreas clave, y la proliferación de discursos negacionistas desde sectores oficiales.

La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que el gobierno nacional ha avanzado en medidas que buscan cerrar el proceso de memoria y justicia construido desde la recuperación democrática. Entre las acciones señaladas se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la reducción de programas de la Secretaría de Derechos Humanos y la designación de un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa, algo inédito desde 1983. Además, se alertó sobre la amenaza a la preservación de archivos públicos fundamentales para documentar los crímenes de la dictadura.

En el plano judicial, recientes fallos como las absoluciones en las causas conocidas como La Huerta y El Villazo han generado alarma entre los organismos, que ven en estas decisiones un avance de la impunidad. La Corte Suprema, por su parte, modificó el criterio sobre la prisión preventiva en causas de lesa humanidad, lo que ha provocado una ola de pedidos de libertad por parte de imputados.

Desde provincias como La Rioja, funcionarios y referentes han criticado la postura del gobierno nacional en foros internacionales, donde se ha negado la cifra de 30.000 desaparecidos y relativizado delitos de lesa humanidad. "Nos da vergüenza", expresó Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja, quien llamó a reafirmar el consenso democrático y el "Nunca Más".

En este contexto, se han realizado actos y actividades culturales para sostener la memoria colectiva y promover la reflexión ciudadana. Organismos y referentes insisten en la importancia de defender los derechos humanos desde la paz y la participación comunitaria, advirtiendo que sin memoria, las sociedades corren el riesgo de retroceder.

El debate sobre el rumbo de las políticas de derechos humanos se intensifica a medida que se acerca el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, en un clima de creciente preocupación por el futuro democrático del país.