El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires destinó más de $58 mil millones a publicidad oficial durante 2025, según un relevamiento realizado por Chequeado a partir de órdenes de compra oficiales. Esta cifra representa un incremento del 63% respecto al año anterior y ha generado una fuerte controversia política y mediática.

El presidente Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza criticaron duramente el gasto, señalando la falta de transparencia y la concentración de fondos en grandes grupos mediáticos. "Esto es un escándalo. Kicillof gastó $57.565 millones en pauta oficial repartido solo en 2025", expresó Agustín Romo, jefe del bloque libertario bonaerense, quien además propuso prohibir la pauta oficial en la provincia.

El análisis de la distribución muestra que C5N fue el principal beneficiario, recibiendo el 12% del total, seguido por el Grupo Olmos, América, Clarín y El Destape. En contraste, los medios del interior de la provincia recibieron montos considerablemente menores, lo que generó reclamos de discriminación y subestimación por parte de estos actores.

Desde el Ministerio de Comunicación Pública, a cargo de Jesica Rey, se justificó la asignación de fondos en función del alcance, la naturaleza de las campañas y la necesidad de llegar a todos los habitantes de la provincia. Sin embargo, la ausencia de criterios legales claros y la modalidad de contratación directa han sido objeto de críticas tanto de la oposición como de organizaciones de la sociedad civil.

El debate se intensificó en un contexto de ajuste presupuestario en otras áreas, como salud y educación, y en un año electoral donde la visibilidad mediática cobra especial relevancia. Mientras tanto, a nivel nacional, el gobierno de Milei redujo la pauta oficial, aunque empresas estatales como YPF incrementaron su inversión publicitaria.

La polémica por el gasto en publicidad oficial en la provincia de Buenos Aires pone en el centro de la discusión la necesidad de mayor transparencia, criterios objetivos de distribución y un debate sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos.