El Senado de Mendoza se encuentra ante una jornada decisiva con el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata. La iniciativa, que busca la explotación de cobre, ha generado una profunda división en la provincia, movilizando tanto a sectores empresariales como a organizaciones sociales y ambientalistas.

El proyecto San Jorge, conocido formalmente como PSJ Cobre Mendocino, representa una inversión inicial cercana a los 600 millones de dólares y la posibilidad de crear hasta 4000 empleos durante la etapa de construcción. Empresarios y cámaras industriales han manifestado su apoyo, destacando la importancia de diversificar la matriz productiva y atraer inversiones. Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, afirmó que "se trata de un hito muy importante no sólo para la minería mendocina, sino también para el desarrollo social y económico de la provincia". Por su parte, Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial de Mendoza, señaló que "el mensaje que tiene que dar la política el martes es: si estás conforme a derecho, Mendoza es tierra fértil".

Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia social. Desde el fin de semana, miles de mendocinos se han movilizado en defensa del agua, con caravanas desde Uspallata y marchas en la capital provincial. Las asambleas ambientalistas y vecinos autoconvocados rechazan el proyecto, argumentando que la megaminería pone en riesgo la calidad del agua y el ambiente. "La megaminería en Mendoza no tiene licencia social", sostienen desde la Asamblea por el Agua, mientras denuncian represión policial y la remoción de informes críticos del CONICET sobre los riesgos ambientales.

El Gobierno provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, asegura que el proyecto cumplirá con estrictos controles ambientales y que la actividad se realizará bajo la normativa vigente, incluyendo la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, insistió en que "es falso que la minería compita por el agua de los mendocinos" y destacó la implementación de tecnología satelital y monitoreo ciudadano.

El debate revive tensiones históricas, como las masivas protestas de 2019 contra la reforma de la Ley 7722, y pone en evidencia la polarización social en torno al modelo productivo de Mendoza. Mientras el Senado se prepara para la votación, la provincia vive una jornada marcada por la movilización, el despliegue de seguridad y la expectativa sobre el futuro económico y ambiental de la región.