El reciente decreto presidencial que dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha provocado una ola de protestas y acciones legales en todo el país. Trabajadores del organismo, junto a sindicatos y legisladores, se movilizaron en distintas provincias para rechazar la medida, que consideran arbitraria e inconstitucional.

La DNV, con más de 93 años de historia y responsable del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, enfrenta su posible disolución tras la publicación del decreto 461. Más de 5.000 empleados quedarían afectados, generando preocupación por el futuro laboral y la seguridad vial. "La situación es cada vez más angustiante; obviamente que va a haber despidos", expresó Darío Lucero, secretario general del sindicato de Trabajadores Viales de San Luis.

Gremios y legisladores han presentado amparos judiciales y proyectos de ley para frenar el cierre. Argumentan que la medida no solo pone en riesgo miles de puestos de trabajo, sino que también compromete la seguridad de quienes transitan las rutas argentinas. "No es que no se van a arreglar más rutas, sino que se van a incrementar las muertes evitables", advirtió Diego Molina, activista de seguridad vial.

Desde el Congreso, el bloque de Unión por la Patria impulsa la derogación del decreto y advierte sobre el impacto negativo en la infraestructura y la seguridad vial. "Más de 40.000 kilómetros de rutas podrían quedar sin mantenimiento", alertó el diputado Jorge Antonio Romero.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la medida busca optimizar recursos y reducir el gasto público, aunque enfrenta una creciente resistencia social y política. El debate sobre el rol del Estado y la protección de servicios esenciales continúa abierto, mientras se esperan definiciones judiciales y legislativas que podrían revertir o confirmar la decisión oficial.