El sacerdote Juan Carlos Molina, reconocido por su labor social y su vínculo con el kirchnerismo, oficializó su candidatura a diputado nacional por el peronismo en la provincia de Santa Cruz, encabezando la lista de Fuerza Santacruceña. La noticia generó una inmediata reacción por parte del Obispado de Río Gallegos, que emitió un comunicado para aclarar que la postulación de Molina responde exclusivamente a una decisión personal y no representa la posición institucional de la Iglesia Católica.

En el documento, firmado por el obispo Ignacio Medina, se establece que Molina no podrá ejercer el ministerio presbiteral de manera pública ni privada durante el período de campaña y, en caso de resultar electo, durante el ejercicio de su mandato legislativo. Esto implica que el sacerdote no podrá oficiar misa, administrar sacramentos ni realizar funciones religiosas mientras dure su participación política. "Ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta diócesis", enfatizó el comunicado oficial.

Molina, por su parte, expresó que su candidatura fue apoyada por Cristina Fernández de Kirchner y que responde a una necesidad de transformación social en el contexto de crisis que atraviesa el país. "Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué pero entiendo que en estas circunstancias del país y en especial de nuestro lugar, no podía decir que no ni hacerme el distraído", declaró Molina en diálogo con Infobae.

El sacerdote, que fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido una relación cercana con la familia Kirchner y con el Papa Francisco. Su candidatura es vista por algunos sectores como un intento de unidad dentro del peronismo santacruceño.

La Iglesia argentina, por su parte, ha reiterado históricamente la importancia de mantener distancia de la política partidaria, y la decisión de otorgar licencia canónica a Molina refuerza esa postura institucional. El caso pone en relieve el debate sobre la relación entre religión y política en el país, y sus implicaciones podrían extenderse más allá del proceso electoral, marcando un precedente sobre la participación de figuras religiosas en la vida pública.