Un caso de violencia de género ha conmocionado a la ciudad de Coronda, en la provincia de Santa Fe. El pasado 18 de mayo, Brian Ezequiel Aguirre, un policía de 22 años, disparó en la cabeza a su pareja, Nicole Anahí Isnardo, quien estaba embarazada de ocho meses. Milagrosamente, tanto la víctima como su bebé sobrevivieron al ataque.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Laguna Paiva al 1100, donde la pareja residía junto con el tío de la mujer. Según el relato inicial del acusado, el disparo se produjo accidentalmente mientras manipulaba su arma reglamentaria. Sin embargo, la declaración de la víctima y las evidencias recopiladas por la fiscalía contradicen esta versión.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, donde se le practicó una cesárea para salvar al bebé y una cirugía para tratar la herida en su cabeza. Actualmente, ambas se encuentran estables, aunque la bebé permanece en neonatología y la madre en sala común.

El fiscal Alejandro Benítez imputó a Aguirre por tentativa de homicidio triplemente calificado, por el vínculo de pareja, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con tentativa de aborto. Según el fiscal, la relación estaba marcada por un contexto de violencia de género, con agresiones físicas y psicológicas que afectaron la libertad y dignidad de la víctima.

Durante la audiencia de imputación, el abogado defensor del acusado, Andrés Bortolozzi, argumentó que el disparo fue un accidente y que los delitos imputados no corresponden con la realidad. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo el testimonio de la víctima, entrevistas psicológicas y declaraciones de familiares y vecinos.

La pena en expectativa para Aguirre oscila entre 10 y 15 años de prisión efectiva. El próximo viernes se llevará a cabo una audiencia de medidas cautelares para determinar si el acusado enfrentará el proceso judicial en prisión preventiva.

Este caso ha generado indignación y un fuerte repudio por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, quienes exigen justicia y medidas más efectivas para prevenir la violencia de género. Además, ha reabierto el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en casos de violencia doméstica y la necesidad de protocolos más estrictos para evitar que estos hechos se repitan.

El proceso judicial continúa, mientras la sociedad espera que se haga justicia y que este caso sirva como un llamado de atención para abordar de manera más efectiva la problemática de la violencia de género en Argentina.