El Congreso de la Nación debate en abril de 2026 un proyecto de ley que busca reactivar los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de aliviar el endeudamiento de millones de familias argentinas. La iniciativa, impulsada por legisladores de la oposición, propone otorgar préstamos de hasta $1.500.000 a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otros beneficiarios sociales.

Según el proyecto, los créditos tendrán condiciones más favorables que las ofrecidas por el sistema financiero tradicional y el mercado informal. La tasa de interés se calcularía en base a la TAMAR (tasa mayorista) más 10 puntos porcentuales, lo que representa un costo significativamente menor al de los prestamistas informales, cuyas tasas superan el 130% anual, y al de las tarjetas de crédito, que rondan el 92%.

Una de las principales características del programa es que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso del solicitante, con el fin de evitar el sobreendeudamiento y proteger la economía familiar. Además, a diferencia de esquemas anteriores, el dinero no se entregará directamente al beneficiario, sino que ANSES transferirá los fondos a los acreedores identificados por el solicitante, garantizando que el préstamo se utilice exclusivamente para cancelar deudas preexistentes.

El monto máximo de los créditos se ajustará periódicamente en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. El trámite para solicitar el crédito será completamente online, a través de la plataforma oficial de ANSES, y se requerirá la presentación de documentación que acredite la deuda a cancelar.

Actualmente, los créditos ANSES no están disponibles y su implementación depende de la aprobación parlamentaria. De obtener el respaldo necesario, se estima que el programa podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026. ANSES y los medios advierten a los potenciales beneficiarios que no brinden datos personales en sitios no oficiales, ya que la gestión solo se realizará a través de los canales oficiales una vez promulgada la ley.

El contexto económico, marcado por el aumento del endeudamiento familiar y la proliferación de créditos informales con tasas elevadas, ha llevado a los legisladores a considerar esta medida como una herramienta clave para ordenar las finanzas de los hogares y brindar una alternativa accesible y segura. Se estima que más de 10 millones de personas podrían acceder a este beneficio, que también busca cuidar las cuentas públicas al ofrecer créditos a tasas de mercado y por encima del costo de financiamiento de ANSES.