El Gobierno argentino intensifica las gestiones para obtener un préstamo privado de hasta USD 5.000 millones, luego de que fracasara un acuerdo más ambicioso con bancos estadounidenses por USD 20.000 millones. La operación, liderada por el ministro de Economía Luis Caputo, busca reforzar las reservas netas del Banco Central, actualmente en niveles negativos, y cubrir vencimientos de deuda externa previstos para enero de 2026.

La iniciativa original contemplaba un paquete de financiamiento respaldado por bancos como J.P. Morgan, Citigroup y Bank of America, condicionado a la obtención de garantías explícitas del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, la negativa de la Reserva Federal y del Tesoro estadounidense a asumir riesgos soberanos, sumada a la falta de consenso político en Washington y críticas sobre la transparencia del acuerdo, llevó a la reducción del monto y a la búsqueda de alternativas legales para estructurar las garantías.

En este nuevo escenario, el Gobierno argentino, con el apoyo de estudios jurídicos internacionales, trabaja contrarreloj para diseñar una ingeniería de colaterales que satisfaga las exigencias de los bancos sin comprometer la liquidez del Tesoro estadounidense ni violar regulaciones del FMI. Entre las opciones analizadas figura el uso de activos existentes del Banco Central como garantía, evitando la emisión de nueva deuda y el impacto fiscal asociado.

El ministro Caputo, en declaraciones públicas, negó haber solicitado un rescate de USD 20.000 millones, aunque registros de entrevistas previas muestran que la cifra fue mencionada en el pasado. La caída del acuerdo mayor generó un aumento en el riesgo país y renovó la presión sobre el mercado cambiario, mientras que analistas advierten sobre la necesidad urgente de asegurar financiamiento para evitar tensiones adicionales en la economía.

El éxito de la operación "repo" depende de la aprobación del FMI y de la capacidad del Gobierno para cerrar los detalles técnicos y legales en las próximas semanas. De concretarse, el préstamo permitiría afrontar pagos de deuda por más de USD 4.300 millones en enero de 2026, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia financiera a mediano plazo. El desenlace de estas negociaciones será clave para la estabilidad macroeconómica argentina en el corto plazo.