La reciente creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del gobierno de Javier Milei ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político y mediático argentino. El organismo, encabezado por Juan Carreira, fue presentado como una herramienta para "desmentir activamente la mentira" en los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, su accionar ha sido rápidamente cuestionado tras un episodio en el que difundió información incorrecta sobre la edad de imputabilidad en Uruguay.

La polémica se originó cuando la Oficina de Respuesta Oficial intentó refutar una afirmación de la periodista María O’Donnell, quien señaló que bajar la edad de imputabilidad a 13 años sería una de las medidas más extremas a nivel mundial. En respuesta, la oficina aseguró que "Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años". Sin embargo, el periodista uruguayo Sebastián Cabrera desmintió esta información, aclarando que en Uruguay la edad de imputabilidad es de 18 años y que un intento de reducirla fue rechazado en un plebiscito.

Este episodio reavivó el debate sobre la transparencia y el control de la información pública, así como las similitudes entre la nueva oficina y mecanismos de control mediático implementados durante el kirchnerismo, como 6,7,8 y la Defensoría del Público. Diversos sectores políticos y periodísticos han expresado preocupación por el posible uso político de la Oficina de Respuesta Oficial y la veracidad de sus intervenciones.

En paralelo, se han presentado proyectos legislativos para rechazar la creación de la oficina, argumentando que podría atentar contra la libertad de prensa y el derecho a la información. El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa es necesaria para combatir la desinformación y proteger la integridad del debate público.

La controversia se enmarca en un contexto de alta polarización política y de confrontación entre el gobierno y los medios críticos. El debate sobre la edad de imputabilidad, además, sigue siendo un tema recurrente en la agenda política argentina y regional, reflejando tensiones sobre seguridad, derechos y políticas públicas. El desenlace de esta discusión podría tener implicancias significativas para la relación entre el Estado, los medios y la sociedad en los próximos meses.