El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de una profunda reestructuración del sistema de transporte y control vial en Argentina. La medida, implementada a través del Decreto 461/2025 firmado por el presidente Javier Milei, implica la transferencia de funciones clave a nuevas agencias estatales y a la Gendarmería Nacional, que asumirá el control operativo en rutas y autopistas.

La decisión generó una fuerte reacción de sindicatos, organizaciones civiles y gobiernos provinciales. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la justicia laboral, solicitando la suspensión del cierre de la DNV por considerarlo inconstitucional y violatorio de derechos laborales. El gremio advirtió sobre la incertidumbre laboral de más de 5.000 empleados y la falta de claridad respecto al futuro de las tareas de mantenimiento y control de rutas.

Por su parte, la ONG Conduciendo a Conciencia y especialistas en seguridad vial alertaron sobre el posible aumento de siniestros y muertes en las rutas argentinas, señalando que la eliminación de organismos responsables del mantenimiento y control podría agravar el deterioro de la infraestructura vial. Según datos recientes, el porcentaje de rutas nacionales en buen estado cayó del 54,9% en 2022 al 47,5% en 2024, mientras que el gasto en infraestructura se redujo un 82% en términos reales.

El gobierno sostiene que la reorganización permitirá una mayor eficiencia y simplificación administrativa, con la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la reasignación de funciones al Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, la anulación de convenios de obras en rutas críticas, como la 33 y la 178 en Santa Fe, ha sido duramente criticada por autoridades provinciales, que califican la medida como un "abandono total".

El cierre de la DNV, fundada en 1932, marca el fin de una política pública que fue central en la construcción y modernización de la red vial argentina. El debate sobre el impacto de esta decisión continúa en el ámbito judicial y político, mientras persisten las dudas sobre la capacidad de los nuevos organismos para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las rutas nacionales.