En Argentina, el acceso al aborto legal enfrenta serios desafíos bajo la gestión del gobierno de Javier Milei. Diversas organizaciones y fuentes denuncian un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, afectando especialmente a mujeres y personas gestantes.

La Ley 27.610, sancionada en 2020, garantiza el derecho al aborto legal hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional ha interrumpido la compra y distribución de insumos esenciales como misoprostol y mifepristona, medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para garantizar abortos seguros. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, admitió que no existe una línea presupuestaria específica destinada al cumplimiento de esta ley.

Durante 2024, las provincias tuvieron que asumir la provisión de insumos, generando desigualdades en el acceso según la región. Más de la mitad de las provincias reportaron falta de stock de misoprostol, mientras que casi todas informaron desabastecimiento de mifepristona y otros insumos esenciales. Además, la distribución de métodos anticonceptivos y tests de embarazo cayó un 81% entre 2023 y 2024.

Amnistía Internacional reportó un aumento del 275% en consultas y denuncias por dificultades en el acceso al aborto. "Lo que estamos viendo es un retroceso deliberado en políticas públicas que costaron años de lucha", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Organizaciones feministas también han denunciado el impacto de estas medidas, que consideran parte de una ofensiva ideológica contra los derechos sexuales y reproductivos.

El gobierno justifica los recortes como parte de su plan de ajuste fiscal, conocido como "plan motosierra", cuyo objetivo es reducir el déficit fiscal y achicar el tamaño del Estado. Sin embargo, estas políticas han generado críticas por su impacto social, especialmente en sectores vulnerables.

El activismo feminista sigue cumpliendo un rol clave en la defensa de los derechos conquistados. Redes de acompañamiento y organizaciones trabajan para mitigar las barreras impuestas por el gobierno, mientras que Amnistía Internacional y otras entidades han presentado acciones legales para exigir la reanudación de la compra y distribución de insumos esenciales.

El panorama actual refleja una crisis en el acceso a derechos fundamentales, con implicaciones graves para la salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes. Las organizaciones sociales y feministas hacen un llamado urgente al gobierno para que revierta estas políticas y garantice el cumplimiento de la Ley 27.610.