El Senado argentino se prepara para una sesión decisiva el 26 de diciembre, en la que se debatirá la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, en medio de un clima político marcado por la tensión y la incertidumbre. Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto llega al Senado con el capítulo 11 eliminado, una cláusula que otorgaba mayores facultades al Ejecutivo para manejar transferencias y gastos, y que fue rechazada por la oposición junto con recortes a universidades y políticas de discapacidad.

El oficialismo, encabezado en la Cámara alta por Patricia Bullrich, busca aprobar el Presupuesto sin modificaciones para evitar que el texto regrese a Diputados, lo que podría profundizar la crisis política y retrasar la aprobación de una herramienta clave para la gestión económica del Gobierno. Sin embargo, la oposición, integrada por el peronismo, la UCR y otros bloques, mantiene objeciones sobre artículos que afectan la educación y el financiamiento universitario, y amenaza con introducir cambios si no se atienden sus demandas.

La reforma laboral, otro de los proyectos emblemáticos del Gobierno, fue postergada para febrero tras la falta de consenso y la presión ejercida por la CGT y otros gremios, que se movilizaron en rechazo a la iniciativa. El malestar social por la inflación y el deterioro del salario real se hizo sentir en las calles, donde el precio del tradicional choripán en las marchas se convirtió en un símbolo del impacto económico.

En paralelo, persisten las tensiones internas en el oficialismo y entre sus aliados, especialmente por el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación y acuerdos incumplidos con el PRO y la UCR. "Si quieren pasar las fiestas en paz, que no insistan con la derogación de universidades y discapacidad", advirtió un jefe de bloque opositor durante las negociaciones.

El Gobierno necesita la aprobación del Presupuesto para avanzar en las negociaciones con el FMI y dar señales de estabilidad a los mercados, pero enfrenta un escenario de alianzas frágiles y negociaciones de último momento. El cierre del año legislativo se da en un contexto de alta volatilidad política, con la expectativa puesta en la capacidad del oficialismo para recomponer acuerdos y evitar nuevas derrotas parlamentarias en 2026.